El año pasado, presenté en el Congreso de la Nación un proyecto de resolución que manifestaba mi profunda preocupación por la complicada situación que enfrentan los efectivos de la Policía de Santa Cruz. Es lamentable constatar que, debido a la negligencia y falta de acción del Poder Ejecutivo provincial, se ven forzados a desempeñar sus funciones en condiciones más que deplorables.

Tristemente, este proyecto quedó estancado en el parlamento, debido a la falta de apoyo de los demás diputados de la provincia que tienen voz en el Congreso de la Nación, así como de los funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner que están encargados de este asunto.

Por ese motivo, hoy volví a presentar el texto, que tiene número de entrada 2317-D-2023; anhelando contar en esta oportunidad con el respaldo de mis colegas santacruceños y de los funcionarios gubernamentales, para así poder brindar respuestas y soluciones a los desafíos que afronta la Policía provincial. La vida de cada uno de los efectivos y de cada ciudadano de Santa Cruz está en riesgo, y la seguridad no puede quedar sujeta a decisiones y conveniencias políticas mezquinas del momento.

Es innegable que la Policía se encuentra actualmente lidiando no solo con la delincuencia, sino también con un sistema disfuncional que complica aún más las tareas que deben llevar a cabo cotidianamente quienes deben mantener el orden y asegurar el cumplimiento de la ley.

Párrafo aparte merece el sistema judicial santacruceño que es obsoleto y antiguo en muchas cuestiones relacionado al código penal, procesal penal y del cuidado cotidiano de la comunidad. En más de una oportunidad, este sistema deja al descubierto la tarea policial y sin defensa a la ciudadanía.

Los pilares de seguridad deben involucrar a la justicia y a los municipios para la tarea preventiva, organizativa y punitiva. La institución policial debe recobrar el prestigio y para eso el gobierno debe hacer presente y hacer su parte que es dotar de capacidad y profesionalidad a las fuerzas de seguridad.

Es sencillamente imposible que nuestros agentes puedan desempeñar adecuadamente su labor sin los recursos necesarios, sin salarios dignos acordes a la encomiable importancia de su trabajo, sin el equipamiento y sin la capacitación apropiada. Además, no podemos hacer oídos sordos a la existencia de un Estado burócrata y corrupto que agrava aún más la situación impidiendo que la situación mejore.

Es inadmisible que sean los propios miembros de nuestras fuerzas quienes deban proveerse de manera personal los elementos de logística, administrativos, de protección, indumentaria y movilidad necesarios para el desarrollo normal y cotidiano de su responsabilidad como funcionarios públicos.

No nos dejemos engañar por los intentos del Gobierno y los medios de silenciar u ocultar esta realidad. La sociedad es plenamente consciente de que existen brigadas que se ven obligadas a utilizar sus vehículos particulares en operativos, asumiendo el costo del combustible que consumen. A todo esto, le sumamos que no cuentan con notebooks, impresoras, cartuchos de tóner, papel y otros materiales indispensables para elaborar sus informes. Además, enfrentan la falta de mantenimiento general de los vehículos oficiales, incluyendo el reemplazo de neumáticos y los servicios de mantenimiento.

Resalto de manera especial, ante la realidad que vive el campo, la necesidad de fortalecer a la División de Operaciones Rurales de la Policía y brindarles mayor apoyo. Esto implica no solo contar con personal suficiente y comprometido, sino también proporcionar capacitación especializada, equipamiento y tecnología orientada a prevenir e investigar este tipo de delitos.

Es importante que tanto las autoridades provinciales como las nacionales trabajen en conjunto con los productores y las fuerzas de seguridad para desarrollar estrategias integrales de prevención y combate del abigeato. Esto puede incluir la implementación de sistemas de vigilancia, patrullaje rural, intercambio de información y cooperación entre diferentes agencias y jurisdicciones.

La seguridad no es algo que se negocia o tema exclusivo de algún partido político. La seguridad debe ser siempre una política de Estado orientada a la protección de la sociedad y de la Constitución Nacional. La labor de la policía es fundamental, por eso es una responsabilidad de todos la de protegerla.

Voy a pedir a los diputados de SER Santa Cruz que presenten en la legislatura provincial un proyecto de resolución similar al que presenté, esperando que sea tratado a la brevedad.